No puedo precisar si fue durante la guerra del Golfo Pérsico o tras los bombardeos a la ya extinta Yugoslavia cuando las fuentes militares norteamericanas acuñaron el término “daños colaterales” para referirse a las consecuencias no planificadas de sus acciones bélicas. Tal vez ya se decía así desde mucho antes, pero los medios la tomaron como cliché periodístico hace pocos años. Lo cierto es que colateral no significa exactamente de mínima importancia, ni que no estaba previsto, sino simplemente que está a uno y otro lado de algo principal, de todas formas no he podido resistir la tentación de secuestrar la expresión pero en sentido inverso y no para conceptuar los desastres de una guerra, sino para calificar algunos rasgos (tenidos como) positivos de la realidad cubana.

Antes debo aclarar que la primera objeción ética al término es que lo que resulta colateral para unos puede ser principal para otros, de manera que si, por ejemplo, al pretender liquidar un grupo terrorista, una de las bombas destruye una mezquita repleta de fieles, los civiles muertos son -para los que bombardearon- un daño colateral, en tanto que para los familiares de las víctimas se trata de una pérdida irreparable.

Con los beneficios colaterales ocurre lo mismo. La diferencia es que enmascaran un daño quizás menos visible, pero no por eso menos pernicioso.

Aquí van los ejemplos:

La casi total estatalización de la economía, calificada por muchos como el mayor de todos los males habidos, puso en manos del estado cubano cuantiosos recursos financieros y materiales que le permitieron, sobre todo en la primera década de la revolución, construir carreteras, escuelas y hospitales en los rincones más apartados de la isla, además de que eso propició al empleador único ofrecer una casi infinita cantidad de puestos de trabajo, lo que en la práctica (y en las estadísticas) puso fin al desempleo.

La alineación con la Unión Soviética, de tan nefastas consecuencias, además de lograr la sobrevivencia de la población, facilitó con sus generosos subsidios llevar adelante los ambiciosos planes educacionales, de salud y seguridad social, que a la larga se convirtieron en las emblemáticas conquistas que habría que defender a cualquier precio.

La nacionalización y extrema centralización de la enseñanza, que arrebató a los padres el derecho de elegir el tipo de educación que deberían tener sus hijos y que constituye uno de los métodos más tenaces de introducir la ideología del partido gobernante, ha traído como consecuencia que de los 11 millones de habitantes que tiene Cuba en la actualidad, casi 3 sean estudiantes y que de esos, medio millón esté en un centro universitario.

La profunda y extensa militarización de la sociedad que tuvo su clímax en los años 80, sentó las bases para la existencia de la Defensa Civil que ha salvado tantas vidas durante los ciclones y otras catástrofes naturales.

Ni qué hablar de los beneficios colaterales (para la población y para el gobierno) del embargo/bloqueo mantenido por los gobiernos norteamericanos. Entre ellos se cuenta en primer lugar el desarrollo de la inventiva a sus más altos niveles, más el habernos ahorrado decenios de tecnología ya superada en la actualidad. Los beneficios colaterales para el gobierno son harto conocidos, pero el más importante de todos es el de dar la impresión de ser una plaza sitiada donde no es posible permitir oposición política de ninguna especie.

Estirando el argumento se puede concluir que cada uno de los defectos del sistema ha tenido siempre alguna consecuencia loable, o dicho al revés, que la mayoría de los logros de la Revolución son el fruto de una atrocidad.

El que Cuba haya llegado a ocupar un sitio entre los primeros lugares en más de una olimpiada y que el número de medallas, copas y campeonatos mundiales sobrepase los sueños de muchos países desarrollados, no es el resultado orgánico de un desarrollo social integral, sino una anomalía, una hipertrofia de un sector que ha sido favorecido exageradamente por el presupuesto estatal en detrimento de otros sectores, con el propósito deliberado de obtener resultados propagandísticos deslumbrantes.

La reducción de la mortalidad infantil, quizás el más promocionado de todos los avances obtenidos en los últimos cuarenta años, no sería la misma si no fuera uno de los indicadores básicos para medir el bienestar de una sociedad, y no sería la misma si, paralelamente al indiscutible esfuerzo realizado, no hubieran aumentado de forma tan alarmante los abortos, y no hablo solamente de “los niños no deseados por sus padres”, sino de aquellos cuya inmolación es sugerida por los médicos luego de un examen que detecta lo que sería un probable caso de niño que puede morir antes del año de nacido.

La tranquilidad ciudadana (bastante deteriorada en el último decenio) es un saco inmenso donde cabe el bajo índice de criminalidad en general y en particular la ausencia o escasez de determinados delitos muy sensibles como son los asaltos a mano armada, los secuestros, las violaciones, los ataques a menores, la existencia de bandas organizadas, el comercio de órganos vitales, el tráfico de drogas y otros. Esa tranquilidad, que tantos turistas atrae, es un beneficio colateral de la despiadada represión bajo la cual se desarrolla la vida cotidiana en el país. En el Chile de Pinochet también se redujeron los delitos, como en Italia tiranizada por Mussolinni o en Alemania bajo Hitler.

Una prensa sin sensacionalismo ni anuncios comerciales, sin crónica roja ni pornografía, sin influencia de los monopolios trasnacionales de la información ni clientelismo político en la que las noticias no se manipulan con el afán comercial de vender los periódicos o de conseguir mejores patrocinadores, sería la prensa que imaginaría el más fantasioso de los utopistas, siempre y cuando esos bienes no estuvieran ubicados a cada lado de algo tan principal como la más absoluta falta de libertad de expresión.

Es un beneficio que no haya sectas satánicas, ni clanes racistas, ni mafias. Lo malo es que no hay nada de eso porque ni siquiera es legal la existencia de sindicatos independientes, organizaciones estudiantiles no oficiales y mucho menos partidos políticos. Lo peor de todo es que no respetar esa ilegítima legalidad puede pagarse con largos años en la cárcel. >>