Una nueva cruzada contra la corrupción, aplicada fundamentalmente en la capital, es el más reciente y desesperado intento del gobierno para controlar algunos de los agujeros por los que se escurre la maltrecha economía cubana. Esta vez, son los llamados trabajadores sociales -una especie de fuerza multipropósito que hasta ahora había sido destinada a visitar ancianos carentes de amparo filial o a apoyar a las familias de más bajos ingresos con niños minusválidos, entre otras misiones similares-, los encargados de sanear la economía cerrando las brechas a los malversadores.

En principio, la lucha contra la corrupción podría considerarse un evento positivo, si bien no resulta un fenómeno novedoso en Cuba (ni la corrupción ni las tentativas de eliminarla). ¿Acaso algún cubano ha olvidado aquellos famosos operativos como “Pitirre en el Alambre”, contra los Mercados Libres Campesinos; “Operación Adoquín”, contra los artesanos de la Plaza de la Catedral, que tuvieron lugar en la década de los 80? Unos años después otra cruzada; “Operación Maceta” , pretendía acabar con los especuladores que acumularon grandes sumas mediante negocios ilícitos, a la vez que permitía al gobierno recoger una gran cantidad de efectivo y retornarlo a las arcas del Estado, que fue y sigue siendo el principal malversador de la economía del país.

Como todos los cubanos sabemos, ninguna de estas operaciones de saneamiento económico y moral tuvieron más efecto que el de la inmediatez, en muchos sentidos nociva para la familia cubana. Después de la operación “Pitirre”, como la comenzó a llamar la voz popular, las amas de casa no contaron más con un mercado en el cual adquirir viandas, vegetales o cárnicos para completar la exigua canasta básica que permite a los ciudadanos cubanos el acceso a una asignación ridícula de alimentos por precios módicos, cartilla de racionamiento mediante. Tuvimos que esperar a los oscuros y deprimentes años 90 para que el gobierno cubano comprendiera que –dada su incapacidad para garantizar la alimentación de la población- debía permitir el retorno de los mercados agropecuarios, pese a los elevados precios de sus productos, a fin de paliar la hambruna que se desató durante el eufemísticamente llamado “período especial”. Igualmente inocuas resultaron las medidas para suprimir el mercado artesanal, con su oferta de ciertos productos que el Estado no es capaz de ofrecer. Los artesanos regresaron con renovados bríos -e incrementados precios- como una alternativa (no bolivariana ni martiana, por cierto) para aquellos cubanos cuyos bolsillos resultan insuficientes frente a las tiendas estatales que ofrecen sus mercancías en pesos convertibles y con precios aún más astronómicos.

Ahora pretenden demostrarnos lo que hace mucho tiempo conocemos: existe corrupción y malversación en Cuba. Se dice que hay toda una serie de “parásitos”, de “lacra” que vive “a costa del pueblo”, robando los bienes del Estado, desviando recursos. Lo que no sabremos nunca es cuánto se malversa, ni a todos los niveles a los que llega la corrupción. Podemos, eso sí, imaginarlo. La imaginación y la especulación han sido los eternos recursos del cubano frente a la falta de información. El cubano no es un sujeto activo dentro de las decisiones económicas del país. Ni siquiera tiene conocimiento de cuál ha sido el ingreso económico anual, cuáles las cifras exactas de inversiones o de exportaciones, etc. Debemos conformarnos con pseudoinformaciones tan ambiguas como que el PIB creció en un 8% el año pasado (¿?), o que en determinado renglón se duplicaron los ingresos con respecto al año anterior (¿y cuáles fueron los ingresos del año anterior?). Acaso debamos limitarnos a estar felices y optimistas porque “vamos bien”. Las medidas económicas en todos los casos, hasta ahora, solo han logrado perjudicar a la mayoría, en tanto arbitrarias y enajenadas de la realidad nacional.

Lo cierto es que ahí tenemos a los trabajadores sociales para resolver el problema de la corrupción. Eso sí, recordemos que en Cuba la solución de un problema implica el surgimiento de muchos más, y a veces mayores que aquellos que originalmente se pretendían eliminar, toda vez que se aplican restricciones sobre un mercado ilegal sin que se establezcan mercados legales que satisfagan las demandas de la población. Pero algo me dice que esta vez tampoco va a funcionar; y es que no se puede eliminar un mal atacando los efectos y no las causas que lo originan. La corrupción no se va a erradicar aumentando el número de inspectores, de policías o incrementando la “vigilancia cederista”. Estos métodos han demostrado su ineficacia a lo largo de numerosos años y campañas de purgas sucesivas. Más bien han conseguido elevar el número de corruptos.

Una de las principales causas de la corrupción es el absoluto divorcio que existe entre el salario y las jubilaciones con respecto al costo de la vida. La imposibilidad del cubano de vivir de sus ingresos -sean por concepto de salario o de jubilación- hace que busque soluciones económicas alternativas, las que llevan directamente al delito. El asunto se agrava ante la negativa del gobierno cubano a permitir el desarrollo de alternativas privadas, o lo que es igual, a legalizar algunas de esas soluciones que facilitarían el desenvolvimiento económico de los ciudadanos en múltiples servicios, a la vez que liberaría al Estado de responsabilidades que, a todas luces, le resultan abrumadoramente pesadas.

Así que tenemos a La Habana tomada por asalto por centenares de jóvenes de otras provincias, a los que hay que garantizar alojamiento y alimentación por cuenta del Estado, los que han comenzado a trabajar en las gasolineras de la ciudad y han incrementado significativamente los ingresos de estos centros al controlar rigurosamente tanto el expendio de diésel y gasolina , como el monto en metálico de estas operaciones. La falta de habilidad de estos jóvenes en este tipo de actividad inusual para ellos y las trabas que hay que superar ahora para adquirir el combustible (usted debe declarar cuánto va a comprar, pagar, recibir un comprobante y previa presentación de éste al trabajador social que despacha, conseguirá por fin el anhelado producto), ocasionan colas en las gasolineras. Por si todos estos controles fueran pocos, los nuevos “pisteros” deben anotar el número de la matrícula de cada automóvil al que despachan y la cantidad de combustible que éstos han adquirido.

Algunos suspicaces consideran, no sin un alto grado de acierto, que estas medidas están encaminadas -entre otras cosas- a limitar la asignación de gasolina y diesel, que se ha destinado durante años al transporte perteneciente a empresas y organismos del Estado mediante el sistema de bonos y, de esta forma, evitar la reventa del sobrante que no es consumido y que pasaba a integrarse en la rueda del mercado negro que surtía a los particulares por un precio inferior al que encontraban en las gasolineras. Los controles que ahora se están aplicando pudieran conducir a una reducción más o menos drástica de tales asignaciones. >>