Si las viviendas costeadas por los internacionalistas pasan a propiedad del Estado, entonces, tal situación sería contraria, incluso, a la Ley de Reforma Urbana promulgada en 1960, donde se reconoce la “posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano”.

De ser así no se explica: ¿Con qué fin el Estado quiere retener la propiedad del inmueble?, ¿Qué ocurre si el revolucionario carece de ahorros porque decidió invertir sus ingresos en otros asuntos?, ¿Si el médico, como ha ocurrido ya, deja de ser revolucionario o decide abandonar su profesión?, ¿Si el técnico abandona la misión en el exterior y su familia permanece en la vivienda que él pagó con sus ahorros? o ¿Por qué a esos técnicos no se les entrega la propiedad de la vivienda como garantía de que son revolucionarios?

Quinto. Lo último es que la “novedad” del plan para construir 100 mil viviendas anuales no es tan novedosa. El mismo se intentó fallidamente en la pasada década del 80. El propio Lage, en el XVIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba celebrado en el 2001, recordaba: “que en el país se hicieron todas las inversiones necesarias para acometer la construcción de 100 000 viviendas anuales, un programa que se interrumpió con el inicio del período especial”.

Es decir, estamos frente al segundo plan de 100 000 viviendas, pues el primero naufragó al perderse las subvenciones del campo socialista. Por ello sería interesante conocer de dónde proviene la actual mejoría y seguridad financiera, cuando retrocedimos de exportadores a importadores de azúcar. Si es del 20% de descuento obtenido con la nueva tasa de conversión de divisas, si es de la reventa de petróleo venezolano a los altos precios actuales, si es de las remesas familiares, o si es de cualquier otro origen.

Hasta la década del 50 del pasado siglo, sin desconocer carencias y dificultades de la época, el trabajador que decidía construir un inmueble contaba con diversas opciones de arrendamiento, compra y construcción. Las familias tenían la posibilidad de arrendar un apartamento, que en dependencia de la calidad, lugar de ubicación y tamaño, podían pagar con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Podían también construir mediante las instituciones crediticias para inmuebles. Por ejemplo “Previsora Latinoamericana”, con la garantía de que el interesado tuviera un salario de unos 100 pesos, brindaban el préstamo correspondiente para ser amortizado en x años, con un 20% de interés. Algunas como la FHA, que realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol, construía viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Otras muchas como Alfa, Compañía de Capitalización y Fomento, S.A. y la Compañía de Capitalización y Ahorro, S.A. hacían las mismas funciones con diferentes facilidades. Los que tenían mayor solvencia procedían directamente a la compra. De tal forma que el Estado, con algunas excepciones, no participaba directamente en la construcción de viviendas, al punto de no existir una institución estatal especializada para esos fines.

Desconociendo esa experiencia de participación ciudadana –autónoma y paralela al Estado– se procedió a elaborar un plan detrás de otro hasta el reciente y “novísimo” proyecto. De 1960 a 1970 se intentó construir 32 mil apartamentos anuales, pero no se pudo rebasar la cifra de 11 mil como promedio. Entre 1971 y 1980 se proyectó construir unas 38 mil viviendas anuales, pero el resultado fue inferior a las 17 mil por año como promedio. A partir de 1981 se intentó el primer plan de 100 000 anuales para satisfacer el crecimiento y disminuir gradualmente el déficit acumulado. Sin embargo, entre 1981 y 1990 no se pudo rebasar la cifra de 40 mil anuales como promedio. Desde 1995, según Lage, se construyeron más de 40 mil, cifra que han venido descendiendo hasta el 2005, cuando entre enero y julio sólo se habían terminado 7 300 viviendas.

La crisis habitacional –en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral quedó atrapada por la sobrevivencia– encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis estatal se puso en la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48 “Ley General de la Vivienda”, que autorizó la “transferencia de la propiedad” a la cubana. Es decir, propiedad sin derecho de propietario. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para “propiciar la solución del déficit habitacional” y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley, 211 que prevé inspecciones físicas a los inmuebles, exige una imprescindible autorización institucional para permutar y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. Luego, en febrero del 2001 se aprobó otro Decreto ley para el control de las contravenciones. De acuerdo a esta última medida el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

Como consecuencia de las medidas restrictivas, la disminución del ritmo constructivo, el envejecimiento natural del fondo, la falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes y los peligrosos huracanes, que en los últimos años han tenido un efecto devastador sobre el fondo habitacional, un cálculo conservador arroja un déficit superior al millón de viviendas, el cual no es mayor “gracias” a los casi tres millones de cubanos que abandonaron la isla dejando cientos de miles de viviendas, algunas de tal magnitud que en ella se albergan a cuatro o más familias. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas 50 mil nuevas casas anuales, al ritmo de 100 mil, suponiendo que se cumpla, se requieren de 20 años construyendo con esa regularidad para resolver el déficit acumulado.