De tal forma, el gobierno, que supuestamente representa y gobierna en nombre de todos los cubanos rompe ese pacto con la nación y declara sin rodeos que la prioridad la tienen los revolucionarios. Así, por ejemplo, las personas que se niegan a asistir a las marchas combatientes, aunque sean honestas, trabajadoras y modelo de familia, si no califican como revolucionarios, quedan excluidos del maravilloso plan.

Es decir, aquel principio de la Universidad para los revolucionarios o, la calle es de los revolucionarios, se extiende a la casa es para los revolucionarios; lo que además de limitar los ya menguados derechos del simple ciudadano, introduce una nueva división en el hogar al situar una vez más las condiciones políticas e ideológicas por encima de las necesidades y de la dignidad de la persona, en contradicción con el principio martiano que reza en el preámbulo de la Constitución del país.

Es también preocupante que los sectores más marginados, entre los que se encuentra la mayoría de los negros –éstos últimos que por razones históricas conocidas fueron y siguen siendo, por lo general, los de menos posibilidades económicas, los que viven mayoritariamente en los lugares más marginales y los que más necesidades tienen de viviendas– su estado, su condición y su cultura no conforman los más propensos a participar en las actividades que dan el crédito de “revolucionarios”, lo que aumentaría su marginalidad, recrudecería la discriminación y reproduciría el pernicioso ciclo que se inició en la colonia.

Ante esa realidad se impone redefinir un concepto que tuvo un contenido positivo en los años inmediatos al triunfo revolucionario, cuando se planteaba cambiar el orden existente por uno mejor. Hoy, los que así se siguen denominando, tratan de anclarse en el pasado para defender el orden existente a como dé lugar, acudiendo incluso al empleo de métodos capitalistas, precisamente cuando el modelo ha dado todas las pruebas posibles de incapacidad y agotamiento. Es lícito preguntar ¿qué cosa es ser revolucionario en Cuba? cuando una considerable porción de la población, inmersa en las necesidades cotidianas, tiene que convivir con las ilegalidades, el mimetismo y el deseo de abandonar al país. En tal contexto la prioridad a los “revolucionarios”, lo cual implica exclusión a los que no lo son, está en franca contradicción no sólo con la realidad, sino también con el artículo 1 de la Constitución de la República: “Cuba es un estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos”.

Tercero. Se supone, aunque sea para los revolucionarios, que los precios no superen la relación costo-ingreso de antes de la Revolución. Por ejemplo en 1949 el costo de una vivienda de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, con 2 cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio alrededor como la que sorteaba entre sus suscriptores, mediante la lotería nacional la Revista Resumen, estaban valuadas en 4 mil pesos.

Indagaciones realizadas con personas que compraron o construyeron viviendas en la década del 50, arrojan que por término medio –exceptuando algunas zonas de la capital del país– con 5-6 mil pesos se podía adquirir o construir, incluyendo el precio del solar, una vivienda con las características antes descritas y con mil pesos, en pueblos como Bayamo o Guira de Melena si era de madera, techo de tejas, piso de cemento, 1 baño y 1 cuarto. Con esos precios un trabajador, con un ingreso mensual entre 80 y 100 pesos, podía pagar una vivienda de madera aproximadamente con el salario de un año y con unos 6 años una de mampostería.

Ahora, cuando los altos precios no guardan relación con los ingresos, se plantea que “... es necesario establecer nuevos precios y tarifas para todos esos pagos, a partir de los precios de los recursos de importación y de los costos en divisas de la producción nacional, utilizando una tasa de cambio más adecuada a la situación actual...”, pues, según el informe,

“... no hay razón para que se mantengan subvenciones elevadas a familias, las cuales por distintas vías obtienen ingresos suficientes para cubrir los precios que se establezcan”.

Como podemos ver, los nuevos precios se establecerán tomando como referencia a las familias con mayores ingresos, las cuales generalmente no calificarían como revolucionarias. Con ese criterio quedaría establecido el precio que deben pagar los revolucionarios. Todo ello a pesar de que según el informe de Lage el proyecto parte del “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” y de que los principales beneficiados serán los revolucionarios. De tal forma, los elegidos, que se propongan construir viviendas por sus propios medios, si dependen sólo de los salarios actuales, requerirían gozar de la propiedad de reencarnación, tres o cuatro veces como mínimo, para amortizar su vivienda, cosa que en los revolucionarios, casi todos ateos, se torna totalmente imposible.

Cuarto. Según el informe, “En estos momentos el 86% de las familias son propietarios de sus viviendas, porcentaje que se elevará cuando otras 150 000 lo sean en los próximos años...”. La dificultad radica en definir qué se entiende por ese concepto. La propiedad sobre algo se manifiesta en la libertad para determinar sobre ese algo que le pertenece. ¿Es realmente propietario el poseedor de un inmueble que no puede vender, arrendar, permutar, traspasar a quien desee, o alojar en él a quien considere libremente? De la respuesta deben salir las transformaciones legales para que ese 86% transite de la condición de propietarios formales a reales propietarios.

Respecto a las 6 000 viviendas –que edificará el Estado para asignar a profesionales de la Salud que cumplen misiones internacionalistas y que “pagarán los materiales con sus ahorros en divisas: a su costo, los de producción nacional y por su precio en divisas, los importados”– no se aclara si el propietario será el Estado o los técnicos de la Salud, pues en el mismo informe se precisa que “... es imprescindible preservar la propiedad estatal de las viviendas construidas por el Estado, las cuales serán asignadas en arrendamiento”. >>