Ese es uno de los retos que el Consejo puede incluir en su agenda de negociaciones con el gobierno y la sociedad civil de la Isla. Una forma concreta y positiva de reafirmar la exigencia por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la vez que contribuirían al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil, que constituye uno de las grandes precariedades en Cuba que coadyuven al cambio, y como tal debe ser uno de los objetivos priorizados en el proceso de democratización.

La satisfacción del Consejo por la realización en La Habana en mayo de 2005 de la “Asamblea para promover la Sociedad Civil” y la condena a la inaceptable actitud cubana frente a los parlamentarios y periodistas extranjeros que asistieron a esta Asamblea y que fueron expulsados o se les impidió entrar en Cuba de manera tajante es una forma adecuada de combinar el reconocimiento de los hechos positivos con la condena a los aspectos negativos. La permisibilidad del evento podría marcar un antes y un después en la apertura de espacios cívicos en la sociedad cubana. No debemos olvidar que su celebración sienta un precedente que, con independencia de las posibles causas que condujeron a esa decisión, al gobierno cubano le será difícil desconocer en lo adelante la celebración de actividades similares para discutir civilizadamente apuestas por el futuro de Cuba desde la sociedad civil.

La celebración del Congreso de un sector de la oposición es un nuevo peldaño, un punto de partida y una apuesta por la racionalidad. Con independencia de que esa decisión gubernamental constituya un punto de inflexión por parte del gobierno cubano, la misma debe ser tomada como referencia en las relaciones de la Unión Europea con Cuba. En definitiva los avances en la democratización de Cuba por medio del diálogo crítico y la participación de la sociedad civil emergente no pueden sino ser gradual y lo ocurrido es un paso en esa dirección.

Es de destacar que aunque la celebración del Congreso de la Asamblea se acogió con satisfacción, el Consejo de la Unión Europea constató que no hay progreso satisfactorio concerniente al respeto de los derechos humanos en Cuba. Constatación que es punto de partida para la continuación del diálogo con el gobierno y para las reuniones con la sociedad civil durante el período que nos separa desde ahora hasta la reevaluación de los resultados obtenidos que se efectuará, por decisión del Consejo en junio de 2006. De manera que el seguimiento de la conducta gubernamental y el permanente intercambio por medio del diálogo permita producir un cambio en el deplorable estado de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y del rol que le corresponde y está llamado a desempeñar la sociedad civil en Cuba.

Por último es necesario plantear que cualquier diseño o mecanismo internacional encaminado a fomentar espacios y mecanismos de contacto, intercambio y cooperación con el gobierno y la sociedad civil emergente debe acompañarse y ser reflejo del consecuente debate nacional, plural y desprejuiciado, en el cual los ciudadanos emerjan gradualmente de la marginalidad política en que se encuentran hasta asumir la voz principal y los gobernantes detenten las máximas responsabilidades. La solidaridad internacional con la democratización y la lucha por los derechos humanos en Cuba debe potenciar el principio de que somos los cubanos quienes legítima y definitivamente debemos solucionar nuestros problemas internos.

“Nada en esta Declaración -reza en el artículo 30 de la Carta Universal de Derechos Humanos- podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. Para el gobierno cubano este enunciado debería tener un mayor significado y constituir un mayor compromiso, pues Cuba fue una de las naciones promotoras y firmantes de tan importante documento. En ese sentido liberar a todos los prisioneros de conciencia, reconocer la existencia y los derechos de la sociedad civil emergente, atender las diversas propuestas hechas desde esta sociedad civil para fomentar un debate integral sobre derechos humanos, y permitir el libre movimiento desde y hacia Cuba de ciudadanos cubanos serían gestos que hablarían de la seriedad de las autoridades de Cuba respecto a las proposiciones hechas a la Unión Europea acerca de la firma del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros compromisos adelantados. En todo ello la política de diálogo crítico que propugna la Unión Europea al propiciar la emergencia de la sociedad civil como el principal agente de cambios para la democratización de Cuba tiene mucho que aportar.