Ante tales resultados se presentan dos opciones posibles: la hegemonía de la confrontación encaminada al derrocamiento del gobierno de Cuba o la hegemonía de la opción europea basada en el mantenimiento del diálogo crítico, el respeto a los derechos humanos y la promoción de la sociedad civil. De ello se deduce que, con independencia del valor que representa el hecho de que la Unión Europea haya ratificado su política exterior autónoma en relación con Cuba, la obtención de avances significativos pasa por la necesaria hegemonía de la política de diálogo sobre la de confrontación. A ese propósito de eficacia debería encaminar sus esfuerzos la Unión Europea.

La disposición a mantener un diálogo preciso con las autoridades cubanas y la decisión de mantener y profundizar este diálogo según las líneas directrices tomadas de común acuerdo es una consecuencia de la comprensión de que los procesos complejos no arrojan resultados inmediatos y que en nuestras condiciones el diálogo constituye el camino más viable, seguro y positivo en la consecución de los fines declarados respecto a Cuba. Si históricamente los conflictos, una vez que han llegado al punto del derramamiento de sangre terminan en la mesa de negociaciones; se impone que es mucho más positivo, alentador y humano comenzar por la mesa de negociaciones para prevenir y obviar los posibles derramamientos de sangre, que potencialmente están presentes en nuestra sociedad como los nubarrones en temporada ciclónica. Esa posición que expresa una tendencia humanista conduce a potenciar el diálogo como punto de partida, como concepto esencial, como principio rector y como estrategia permanente.

La petición de liberar sin condiciones a todos los prisioneros políticos del grupo de los 75, al resto de los presos políticos y a cesar la persecución de personas por razones políticas son puntos contenidos en la declaración del Consejo, lo que demuestra, junto a la flexibilidad, la firmeza mantenida. Lo acertado de esta exigencia, que constituye un clamor internacional, se fundamenta en que en el momento en que se adoptó la Posición Común en 1996 y durante las conversaciones para la posible incorporación de Cuba a los acuerdos de Cotonú en 2003 no se habían encarcelado a los 75. En esas oportunidades la atención se dirigía a los prisioneros políticos ya existentes. Por tanto, la exigencia actual se dirige tanto al efecto: la liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, como a la causas: cese de las persecuciones por razones políticas. En este sentido sería de gran utilidad agregar entre las exigencias la incorporación de Cuba al Pacto de Derechos Políticos y Civiles y al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Para ello la Unión Europea cuenta con un argumento adicional de significativo peso que emergió como resultado de la política de diálogo crítico. Resulta inadmisible que el gobierno de Cuba use los derechos que le corresponden al pueblo que dice representar como carta de negociación para evitar las repetidas condenas de la comunidad internacional, precisamente por las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, en visita efectuada en este año al Parlamento Europeo y a España declaró, entre otras cosas, que: "Si la UE se apartara de la votación estéril, (en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra) que genera enfrentamiento, Cuba estaría dispuesta a sentarse con la UE a acordar un programa". Que Cuba "se sentiría en la deuda moral de acompañar la decisión europea. Firmaría el pacto de derechos económicos, sociales y culturales al día siguiente, diciendo que hemos empezado una nueva etapa en nuestras relaciones".

La posición o disposición a acordar un programa con la Unión Europea y a firmar inmediatamente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –que constituye una expresión concreta del avance y del reconocimiento de la importancia de los derechos en la vida de los pueblos– no debería nunca supeditarse a ningún tipo de condicionamiento político ni a ninguna otra razón que no sea el beneficio popular y la dignidad de los seres humanos que representa el gobierno. La aceptación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un derecho del pueblo cubano avalado por su larga historia de lucha por los derechos humanos. Por lo tanto, es hacia Cuba y hacia los cubanos que deben dirigirse esas propuestas y no a sus espaldas.

Si el gobierno cubano está realmente interesado en discutir con la Unión Europea sobre tales temas es porque parece haber entendido la necesidad de introducir cambios en este asunto y porque posee la voluntad política para materializarlos. Por ello debería comenzar por reconocer que Cuba no es un Estado de derecho, dejar de negar las continuas violaciones y el sistemático desconocimiento de los derechos humanos y en su lugar promoverlos sistemáticamente y proteger a sus ciudadanos contra la permanente amenaza y actuación despiadada de la razón de Estado. De tal forma el hecho de que el gobierno de Cuba haya adelantado esa proposición a la Unión Europea es una buena oportunidad para que, en el marco del diálogo, la Unión Europea le devuelva la propuesta, ahora separada del voto de Ginebra.

La condena a las medidas tomadas por las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión, de reunión y la libertad de prensa. La satisfacción por los resultados obtenidos en el desarrollo de relaciones más intensas con la oposición política pacífica, así como con los sectores más amplios de la sociedad civil cubana. Y la decisión del Consejo de reiterar la necesidad de que las reuniones de los representantes de la Unión Europea y de los estados miembros con la oposición pacífica continúen teniendo lugar. Constituyen decisiones de la mayor importancia que además de constituir aspectos permanentes en el seguimiento de la situación interna de Cuba, deben intensificarse y buscar fórmulas que amplíen y profundicen las relaciones con el pueblo cubano a través de la sociedad civil. La inexistencia en Cuba de los derechos y libertades de asociación, reunión y expresión es empleada hábilmente por el gobierno cubano para impedir las relaciones de la sociedad civil emergente en Cuba con las del resto del mundo. En su posición inmovilista el gobierno cubano viola sus propias leyes, entre ellas la Ley de Asociaciones, al no dar respuesta a la solicitud de inscripción legal de las asociaciones emergentes con el fin de torpedear no sólo sus objetivos y actividades internas sino también sus relaciones con la sociedad civil de otras naciones. De ahí la importancia y urgencia de romper con el falso legalismo existente y encontrar fórmulas para coadyuvar al establecimiento de relaciones entre la sociedad civil cubana y sus similares en los países que conforman la Unión Europea como modo eficaz para su fortalecimiento. >>