La vivienda. Antecedentes históricos. Leyes revolucionarias. Reforma Urbana. Disminución de los medios de vivienda. Microbrigada. Clientelismo. Situación crónica de escasez. Perspectivas.

Antecedentes históricos

Partiré, como siempre, de mi propia experiencia y de los testimonios recogidos de personas que vivieron la primera mitad del siglo XX. La calidad de la vivienda disponible para las personas más pobres era por supuesto baja, caracterizada por el hacinamiento. Sin embargo, no era difícil ni imposible alquilar estos locales, en los solares o cuarterías, siempre por menos de 10 pesos mensuales, sin incluir la electricidad. Las parejas de recién casados podían disponer de vivienda propia de acuerdo con sus ingresos. Ya en la década del 50 podía disponerse de un pequeño apartamento con servicio sanitario por alrededor de 25 pesos mensuales, en cualquier pasaje de Santos Suárez o Luyanó. En los solares, la disciplina entre los convivientes estaba garantizada por el encargado, persona que residía en el inmueble y representaba al propietario. Existía la posibilidad de aplicar a los inquilinos morosos en el pago el desahucio, pero esto no ocurría casi nunca, pues delante del juez los moradores podían pagar su atraso y continuar ocupando la vivienda, aún contra la voluntad del propietario mientras cumpliesen con el pago convenido. Tampoco era difícil encontrar para dónde mudarse, pues la oferta de espacio habitacional solía estar por encima de la demanda. Durante la referida década estaban desarrollándose los repartos suburbanos con viviendas modernas de aceptable calidad constructiva dirigidas a la población de clase media: el Casino Deportivo, Víbora Park y Monterrey, que creo que fue el último, junto al reparto Alamar que comenzaba a parcelarse al Este de La Habana. Las condiciones al alcance de los sectores más pobres no habían mejorado, pero las modestas viviendas estaban al alcance de los núcleos obreros. Mi punto de referencia es exclusivamente la capital, aunque presumo que en el resto de la Isla las condiciones no variarían demasiado.

En el mismo 1959, el gobierno revolucionario dictó la rebaja general de los alquileres al 50 %, medida que obviamente contó con el apoyo de los beneficiados y la inconformidad de los perjudicados. ¿Quiénes era estos propietarios? Contrario a lo que pudiera pensarse superficialmente, no todos ni mucho menos eran grandes casatenientes ni ricachones platónicos. Había familias de muy modestos recursos que habían invertido sus arduos ahorros en fabricar una o dos casitas o un pequeño pasaje a cuya renta confiaban su vejez. La medida fue popular sin dejar de ser arbitraria, desestimuló a las nuevas inversiones. El Estado por su parte propulsó la construcción de edificios de apartamientos mediante el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, INAV, dirigido por la capitana de antigua militancia ortodoxa Pastorita Núñez. Este proyecto estaba asociado a la renta de Lotería y perduró hasta mediados de los años 60 con el reparto Camilo Cienfuegos en la Habana del Este como su mejor fruto. Realmente no recuerdo el método para otorgar esos apartamientos, en una urbanización mucho más acogedora que la impuesta después en las llamadas microbrigadas. Aún así, no constituyeron una respuesta a la demanda que ya desde entonces se fue muy encima de la disponibilidad de nuevas viviendas.

Cuando desapareció el INAV, ya había sido dictada la primera ley de Reforma Urbana que apropió todas las viviendas rentadas, fijándole a los propietarios una compensación vitalicia. Esta ley se implementó de inmediato en lo que respecta a los antiguos propietarios, pero durante muchos años fue sumamente laxa respecto al cobro de los nuevos y bajísimos alquileres. En virtud de posteriores enmiendas se concedió la propiedad a los inquilinos luego de que pagasen al estado el monto fijado a su vivienda. Muchos inquilinos se convirtieron en flamantes propietarios, con ciertas restricciones, entre ellas la de no poder vender ni arrendar la propia vivienda o parte de ella. Una vez más, hubo un cierto número de beneficiados, entre otros fueron prácticamente privados de unas propiedades que creo que sin excepciones consideraban legítimas... En los casos de los pequeños propietarios el impacto fue aun más psicológico, emocional que económico. A partir de la Reforma Urbana quedó estrictamente vedado el acceso del capital privado en el sector de la edificación de viviendas, ya totalmente en manos del estado, quien también se hacía cargo de las casas que dejaban los núcleos familiares que se marchaban definitivamente del país.

Comenzó entonces, ya en la década del 70, la construcción de edificios multifamiliares a cargo de brigadas voluntarias, cuyo modelo para toda la isla fue el reparto Alamar, versión tropical de las ciudades-dormitorios ya usuales en los hermanos países socialistas. Los inversionistas eran las propias empresas y ministerios estatales, quienes también proporcionaban la fuerza de trabajo, personal a quien se le ofrecía como premio el posible otorgamiento de uno de aquellos apartamientos, que se “ganaría” con su propio esfuerzo como constructor. En cada edificio terminado se aplicaban unas cuotas, que concedían la parte del león a la adjudicación directa al personal que por ser imprescindible no podía cambiar la oficina por la cuchara de albañil. Todos conocemos un sinnúmero de conflictos generados por este sistema de otorgamiento, entre ellos los de personas que arruinaron sus carreras profesionales y a menudo su salud tras largos años de consagración infructuosa al empeño de “coger su casa”. Por otra parte estos repartos comenzaron bajo unos reglamentos sumamente limitantes que se sumaban a la dificultad con el transporte y la carencia de auténtico perfil urbano en estos amontonamientos de pequeños edificios.

El Estado casateniente

A partir de esta Reforma Urbana el Estado devino en el casateniente monopolista. Esto creó las condiciones para que la corrupción burocrática se hiciese presente con mayor o menor impacto, sobre todo al nivel de las administraciones municipales, instancias potestadas por la ley para aprobar las permutas entre particulares, que en ciertos casos eran transacciones de compra-venta enmascaradas.

Junto a estas ilegalidades patentes la población generó como respuesta para sus necesidades las barbacoas, auténticos aportes a la arquitectura, que no dejan de presentar riesgos de derrumbes mortales. Mediante este procedimiento multiplicaban el espacio horizontal disponible, aunque sacrificaban el vertical. Por supuesto surgen innumerables ilegalidades para llegar a obtener la propia vivienda y luego conseguir mediante otra cadena de sobornos, el status de legalidad. >>